La Directiva Green Claims | El siguiente paso de la UE en la transición ecológica

En marzo de 2023, la Comisión Europea lanzó una nueva propuesta para las empresas que hagan alegaciones ecológicas. Como complemento a la “Directiva relativa a la capacitación de los consumidores para la transición ecológica” de 2022, la propuesta es bastante interesante. Por un lado, aborda el lavado verde exigiendo total transparencia a las empresas y, por otro, pretende integrar el mercado único europeo a través de este cambio de transición verde. La directiva pretende impedir que las empresas hagan afirmaciones engañosas sobre sus cualificaciones medioambientales y su ética de producción, es decir, que hagan lo que todos conocemos como “greenwashing”. Para salvaguardar la fiabilidad de las empresas, exigirá que éstas se basen en métodos sólidos, científicos y verificables a la hora de hacer afirmaciones ecológicas para su comercialización. Según el plan, esta próxima transparencia contribuirá a la transición verde a través de un perfil de clientes empoderados y preocupados en el mercado.

¿ES NECESARIA LA NUEVA DIRECTIVA SOBRE RECLAMOS ECOLÓGICOS?

Sinceramente, lo es. Según un estudio de la Comisión Europea, el 53% de las alegaciones ecológicas ofrecen información vaga, engañosa o infundada. El 40% de estas alegaciones carecen de pruebas. La mitad de las etiquetas ecológicas carecen de verificación. En consecuencia, podríamos observar en las tiendas una disminución de los productos etiquetados como “envases fabricados con un 30% de plástico reciclado”, “respetuosos con los océanos” y “respetuosos con las abejas”. Con esta medida, la propuesta no sólo obliga a las empresas a dar información clara para un medio ambiente bien protegido y unos compradores bien informados, sino que también allana el camino para una competencia leal en el mercado europeo. Cuando las empresas honradas que aplican sus alegaciones medioambientales encuentren una mejor oportunidad de mantener su motivación y ganarse la confianza de los consumidores, las empresas que practican el lavado verde se adaptarán a los procesos necesarios o serán sancionadas por los gobiernos.

La propuesta se desarrolla sobre la base del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El tratado base se centra en el buen funcionamiento del mercado interior europeo e incluye la persecución del “lavado verde” como un criterio crucial que, sin duda, ayudará a conseguirlo. Como la integración europea mejora día a día, este criterio mutuo también ayudará a las incompatibilidades económicas y jurídicas entre empresas de distintos Estados miembros. Se espera que la normativa transfronteriza contribuya en gran medida a la unidad de Europa.

¿CÓMO SE REGULARÁ?

Teniendo en cuenta la Directiva de marzo de 2022, la próxima normativa legal no creará una transición extrema. Dado que los ajustes de “lex specialis” de la época han determinado normas específicas que Europa está sujeta a conocer, la estructura de “lex generalis” de la propuesta adoptada funcionará para un sistema más completo y regulado. Los enunciados definidos abarcarán cualquier objeto que defina lo verde: texto, representación pictórica, gráfica o simbólica, ya sean obligatorios o no por la legislación de la Unión y nacional de los países. Los Estados miembros están llamados a realizar inspecciones a nivel nacional por parte de las autoridades de protección de los consumidores, lo que hace que la normativa tenga un funcionamiento menos descentralizado y más amplio. Se espera que las autoridades nacionales realicen evaluaciones caso por caso.

Para mantener la transparencia, la propuesta incluye todo el proceso de producción. Las empresas deben obtener el permiso de sus etiquetas ecológicas antes de poder lanzar sus productos al mercado. Aunque la investigación de las cadenas de producción sigue siendo un poco sospechosa en torno a la cuestión de si pueden ser controladas, la disposición sobre la “aprobación antes de la liberación del producto” podría crear un efecto fiable fuerte aquí.

Las empresas están obligadas a compartir la información estadística cubierta por su presupuesto para obtener el derecho a que las etiquetas lleven indicaciones ecológicas. En el ejemplo de las cadenas de producción, el hecho de que cada empresa cumpla los criterios para poder utilizar las etiquetas ecológicas podría introducir una integración estable en la nueva ley. Por lo tanto, la legislación podría crear una postura clara sobre el estatus legal del lavado verde y la intersección de las alegaciones medioambientales y los mercados competitivos. Sorprendentemente, la propuesta se centra sobre todo en las palabras “respetuoso con el medio ambiente”, “sostenible” y “responsable con el medio ambiente”. Algunos argumentan que las prohibiciones de las etiquetas relacionadas con el clima no se tienen en cuenta y que esas etiquetas se seguirán utilizando aunque se apruebe esta propuesta. Teniendo esto en cuenta, la falta de atención a términos como “respetuoso con el clima” y “neutro en carbono” podría dar lugar a una desinformación continua por parte de las etiquetas.

Dado que la ley se refiere al mercado europeo como núcleo de la transición hacia un futuro verde, también pretende aumentar su influencia a través de terceros países. Según la propuesta, los socios comerciales de los Estados europeos también se someterán al régimen que establece la nueva propuesta. Ayudará a que los socios económicos de Europa sigan siendo fiables y responsables de nuestro futuro. Aunque el reglamento afectará a la Europa continental y a sus socios, la variedad entre los tamaños de las empresas europeas ha surgido como una preocupación: ¿Podrá la Unión estabilizar su competitividad al adoptar esas estrictas medidas? Quitando hierro al asunto, la Comisión adopta un reglamento especial para las empresas más pequeñas.

Podría crear controversia eximir a las pequeñas empresas de la nueva legislación en términos de igualdad ante la ley. La razón exacta por la que las pequeñas empresas se verán más favorecidas en la propuesta puede explicarse en dos términos de filosofía del derecho. En primer lugar, el derecho público occidental incluye el valor fundamental del principio de igualdad. Este principio supervisa la igualdad legal en lugar de la igualdad real, lo que pretende evitar que se reconozcan privilegios a algunas partes de la sociedad. Teniendo en cuenta la posibilidad de que se apliquen las mismas normas estrictas sobre etiquetas tanto a las pequeñas como a las grandes empresas, se producirá un bloqueo de la ampliación de ambas al mismo nivel. Este mismo nivel de bloqueo supondrá una mayor carga para las pequeñas empresas. En este sentido, la estructura de la competencia en el mercado de la UE castigaría más a las pequeñas empresas que a las grandes. Para mantener estable el principio de igualdad, las mismas situaciones jurídicas deben ser evaluadas de la misma manera cuando las diferentes son tratadas de forma diferente. Del mismo modo que es necesario proponer cláusulas legales especiales para las mujeres y las personas LGBTQ+ con el fin de eliminar sus desventajas en la sociedad, en este caso se aplicaría un reglamento especial a las pequeñas empresas para evitar que sigan sufriendo desventajas es un acto compatible con el derecho occidental.

La segunda base para esta regulación especial está relacionada con el modelo de libre mercado de la economía europea. Este modelo proyecta la libertad del capital y la no intervención del estado, pero aún así, la UE se convierte en árbitro. Como la UE es responsable de apoyar el espíritu empresarial, tiene que aplicar cláusulas especiales a las microempresas para que se amplíen. La ley de competencia busca organizar los mercados, lo que pretende evitar los monopolios. Si el reglamento no eximiera a las pequeñas empresas de las nuevas cláusulas introducidas, supondría un apoyo indirecto a la monopolización de las grandes empresas, lo que afectaría negativamente al coeficiente de desarrollo del mercado europeo. En este sentido, tanto para proteger los valores fundamentales de la legislación europea como para mantener la estabilidad del mercado y el desarrollo, la exención adquiere un propósito significativo.

Sin embargo, aún así, esas pequeñas empresas estarán obligadas a recibir un certificado de conformidad de la declaración medioambiental, en el que se indicará que todavía tienen que cumplir los requisitos en el futuro. Cualquier tipo de empresa seguirá estando sujeta a la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Así, se espera equilibrar el funcionamiento justo del mercado, tanto a nivel europeo como nacional.

REPERCUSIONES PREVISTAS PARA LAS EMPRESAS

La Comisión prevé costes adicionales para las empresas, pero no tendrán carácter continuo: Estarán obligadas a retirar sus etiquetas si no cumplen los criterios. Además, no serán los Estados o la Unión quienes demuestren la fiabilidad de una empresa, sino que serán las propias empresas las que lo hagan. Como las empresas siguen prefiriendo hacer declaraciones ecológicas, las que quieran evitar esos costes se retirarán y, como ya se ha dicho, en los próximos años se observará una disminución de las etiquetas ecológicas.

Otro coste previsto por la Comisión es el administrativo de las etiquetas y logotipos. Las empresas tienen costes de cumplimiento sustantivos debido a la aplicación de las modificaciones exigidas por la ley. El texto de la propuesta señala que los costes de solicitud de etiquetas podrían aumentar, aunque ello podría traducirse en una menor necesidad de solicitar varias etiquetas. Por último, la Comisión informa de que en la evaluación de impacto no prevén un coste de cumplimiento para la administración pública, ya que facilitarán la información necesaria en línea.

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Tolga Rahmalaroglu
Luxiders Magazine

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